Ayer la Comisión Cuarta del Senado archivó la ponencia positiva de la ley de financiamiento presentada por el Gobierno, necesaria para recaudar unos 16,3 billones de pesos con miras al presupuesto nacional 2026. Frente a esta decisión, el presidente Gustavo Petro cuestionó duramente al Congreso.
Para Petro, la negativa no se explica solamente por argumentos técnicos, sino por “odio político”: en su opinión, algunos actores prefieren preservar privilegios de los sectores acomodados antes que asegurar recursos para políticas sociales. Afirmó que “nadie cuerdo puede decir que ante un déficit no se deben obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos muy ricos que han duplicado sus utilidades”.
El mandatario también advirtió que, si el Estado no logra asegurar esos ingresos, los primeros en verse afectados serán los hogares más vulnerables. “Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres —mientras nosotros sigamos siendo gobierno, no dejaremos que la paguen los pobres, punto—. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde hoy”, señaló.
Este revés legislativo y la fuerte reacción del presidente reavivan el debate sobre la sostenibilidad fiscal, la equidad tributaria y las prioridades del gasto público en Colombia. El Gobierno ahora enfrenta el reto de buscar alternativas para financiar sus metas sociales sin la aprobación de la reforma.
