El Gobierno de Estados Unidos confirmó este viernes 12 de diciembre de 2025 que terminará todos los programas de Permiso Humanitario de Reunificación Familiar (Family Reunification Parole, FRP) que permitían a ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras ingresar o permanecer temporalmente en el país mientras gestionaban un estatus migratorio permanente.
Las autoridades explicaron que estos mecanismos, creados originalmente como alternativas humanitarias, se habían convertido en lo que consideran un “abuso del sistema migratorio” al permitir entrar o permanecer a personas sin controles de seguridad estrictos.
Con esta decisión, los permisos de permanencia temporal otorgados bajo los FRP quedarán automáticamente sin efecto el 14 de enero de 2026, incluso si la vigencia original era mayor. La única excepción será para quienes tengan una solicitud de residencia permanente (Formulario I-485) presentada antes del 15 de diciembre de 2025 y que siga en trámite al 14 de enero; de lo contrario, si el trámite es rechazado, la persona deberá abandonar el país de inmediato.
Además, la cancelación de los parole implica también la revocación automática de la autorización de trabajo vinculada a esos permisos, lo que deja a muchos afectados sin estatus legal ni ingresos.
El DHS argumentó que el uso ampliado del parole para reunificación familiar había generado brechas de seguridad y verificaciones insuficientes, y que la administración busca “restaurar el uso correcto y limitado” de esa autoridad migratoria, aplicándola “caso por caso” según las necesidades humanitarias genuinas o beneficios públicos sustantivos en lugar de como un programa general de migración familiar. Con ello, Estados Unidos endurece su política migratoria en un momento de tensión en temas fronterizos e inmigratorios.
Organizaciones de apoyo a migrantes y defensores de derechos humanos han advertido que la medida afectará a miles de familias que habían logrado reunirse o estaban en vías de hacerlo, generando incertidumbre sobre su estatus y el riesgo de deportaciones. El cambio obligará a muchos a buscar otras vías legales para permanecer en el país, como solicitudes de asilo u otros estatus migratorios, o enfrentar la salida.
