Ocho generales —cinco en servicio activo y tres retirados— del Ejército Nacional y la Policía Nacional han señalado que Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, y personas de su entorno habrían interferido en operativos de la Fuerza Pública contra organizaciones criminales en varios municipios de Antioquia y en el Valle de Aburrá, presionando para modificar o frenar procedimientos.
Según la denuncia penal presentada ante la Corte Suprema de Justicia por el concejal de Medellín Alejandro de Bedout, los altos mandos declararon que habrían recibido llamadas telefónicas, mensajes y solicitudes atribuidas a Zuleta, sus familiares o asesores para pedir la suspensión de acciones dirigidas contra grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y otras estructuras que operan en Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.
Uno de los testimonios clave mencionó un episodio ocurrido el 17 de julio de 2023 en Ituango, durante un enfrentamiento con los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC. En ese contexto, la senadora habría pedido detener el combate argumentando que las tropas estaban atacando supuestos “mineros”, aunque las autoridades militares indicaron que las personas involucradas portaban armas y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.
Las acusaciones también aluden a cuestionamientos reiterados sobre operativos contra minería ilegal en zonas disputadas por grupos armados, así como a llamadas para advertir sobre presuntos “montajes” que afectarían el proceso de negociación conocido como “paz total”, en el que Zuleta funge como coordinadora en la cárcel La Paz de Itagüí.
El proceso ante la Corte Suprema se suma a otros trámites en curso contra la senadora en ámbitos penales, disciplinarios y administrativos, así como a un trámite en el Consejo de Estado que podría llevar a una eventual pérdida de investidura. Hasta el momento no existe una imputación formal ni una decisión judicial de fondo sobre estas denuncias.
Respuesta de la senadora
Isabel Cristina Zuleta ha rechazado las acusaciones y afirmó que sus intervenciones han sido parte del ejercicio legítimo del control político y la defensa de los derechos humanos, en particular para exigir que las operaciones militares y policiales se ajusten a la ley, respeten el principio de distinción y no afecten a civiles.
También comentó que los señalamientos responderían a su acción de convocar debates de control político sobre estigmatización de mineros artesanales y otros temas de seguridad.
