Contraloría afirma que el 97 % de las universidades públicas no pueden sostenerse con sus propios recursos

Un estudio técnico encontró que la mayoría depende en gran medida de transferencias del Estado y no genera suficientes ingresos propios para cubrir su operación regular.
Redacción
27 enero

La Contraloría presentó este lunes el informe “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019 – 2024)”, en el que analiza la situación presupuestal, operativa y financiera del Sistema Universitario Estatal (SUE), conformado por 34 instituciones de educación superior en todo el país.

De acuerdo con el ente de control, solo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) ha logrado sostener sus operaciones únicamente con recursos propios, sin depender financieramente de transferencias del Gobierno, lo que la convierte en la única universidad pública financiera y operativamente viable.

El documento señala que aproximadamente el 50,1 % de los ingresos totales de estas instituciones provienen de aportes estatales, mientras que la generación de recursos propios apenas alcanza el 37 %, evidenciando una alta dependencia de los recursos públicos incluso para cubrir gastos básicos como nómina, infraestructura y servicios.

Uno de los principales factores que agrava la situación es el pasivo pensional acumulado por el sistema universitario, que para 2024 alcanzó más de $10,3 billones, según el informe. Esta carga financiera —que representa las obligaciones futuras de pago de pensiones de personal docente y administrativo— absorbe gran parte de los recursos disponibles, limitando la inversión en docencia, investigación e infraestructura.

Las cifras también muestran una concentración marcada de recursos en pocas universidades grandes. Instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia y Universidad del Valle concentran cerca del 48 % de los ingresos del orden nacional, lo cual profundiza las brechas regionales y la inequidad entre instituciones con distinta cobertura y capacidades de captación de recursos.

Frente a este panorama, varias universidades y la Contraloría coinciden en la necesidad de revisar el modelo de financiación del sector, diversificar las fuentes de ingresos y actualizar la legislación vigente (Ley 30 de 1992) para garantizar que las instituciones puedan planear a largo plazo sin depender exclusivamente de recursos estatales.

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