La Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, dictó una orden de alejamiento y medidas de protección a favor del empresario de espectáculos Ricardo Leyva Páez, en medio de un proceso judicial que incluye denuncias cruzadas con su exesposa, Karen Santos García.
Según documentos judiciales conocidos por medios nacionales, la medida contempla prohibición absoluta de contacto entre Santos y Leyva, la obligación de canalizar cualquier comunicación a través de terceros y el derecho de Leyva a recibir atención prioritaria y acompañamiento policial si manifiesta sentirse en riesgo.
La decisión ha generado polémica porque, según denuncias públicas de Santos —quien presentó videos en los que presuntamente Leyva la golpea y la amenaza con un cuchillo—, la Fiscalía no habría otorgado protección similar a su favor durante la fase de investigación de la denuncia por violencia intrafamiliar y amenazas.
Este contraste entre las medidas otorgadas ha sido cuestionado por analistas y sectores de opinión pública, que señalan una posible aplicación desigual de las políticas de enfoque de género y atención a víctimas en casos de violencia doméstica.
El caso se enmarca en un proceso más amplio de investigación, que ya había sido objeto de cobertura debido a las acusaciones de Santos sobre agresiones físicas y psicológicas, incluido el relato de que debió acudir a urgencias por lesiones graves durante su relación, así como la existencia de videos que habrían documentado episodios de violencia.
La Fiscalía, por su parte, ha argumentado que las medidas de protección se dictaron con base en la manifestación de riesgo inminente expresada por Leyva en su denuncia por presunta extorsión, que motivó la actuación del despacho asignado al caso.
La controversia reaviva el debate sobre la eficacia y equidad de las respuestas judiciales en casos de violencia intrafamiliar, y la necesidad de protocolos claros que garanticen protección simultánea a todas las partes en procesos de denuncias cruzadas, sin que se perciba que la posición social o profesional del implicado influye en las decisiones de tutela.
