Desde el miércoles 28 de enero de 2026, fuentes del gobierno alertaron sobre un posible plan de fuga de Pipe Tuluá, quien estaba bajo custodia del Estado colombiano mientras se avanzaba en su traslado a los Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Esta advertencia llegó directamente al despacho del entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, y fue compartida de inmediato con agencias de inteligencia y seguridad del Estado.
Ante la alerta, Idárraga ordenó reforzar la vigilancia y seguridad alrededor del excabecilla criminal, quien se encontraba en una estación de policía en Bogotá en lugar de un pabellón penitenciario tradicional, y coordinó con la Policía Nacional y fuerzas especiales la estrecha custodia del detenido.
Al mismo tiempo, el presidente Gustavo Petro hizo pública su orden de extradición hacia Estados Unidos mediante un mensaje en su cuenta de X, reiterando al ministro de Justicia la instrucción de proceder con el envío del presunto delincuente, y aludiendo incluso a supuestos intentos de soborno por parte de Pipe Tuluá para socavar el proceso legal.
La combinación de inteligencia oportuna, refuerzo de seguridad institucional y la instrucción presidencial directa fue clave para evitar que el líder de La Inmaculada pudiera fugarse y así garantizar su extradición sin incidentes mayores, un paso que se enmarca dentro de la cooperación judicial con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico internacional.
