El sistema de seguridad vial en Colombia se encamina hacia una transformación radical. El presidente Gustavo Petro ha planteado formalmente la posibilidad de convertir el SOAT en un impuesto, eliminando así su naturaleza de póliza de seguro privada. Según la propuesta gubernamental, el cobro ya no se basaría en un contrato de protección individual, sino en una contribución obligatoria determinada por las características técnicas y el uso de cada vehículo. Con este movimiento, el Ejecutivo pretende centralizar el recaudo para fortalecer el sistema de salud pública y acabar con lo que ha denominado un "modelo de intermediación ineficiente".
El núcleo de la propuesta radica en que los fondos recaudados pasen directamente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). El Gobierno argumenta que el actual sistema enfrenta una crisis de insostenibilidad debido a la evasión masiva (que supera el 47%) y al fraude desenfrenado en las reclamaciones de clínicas y hospitales. "El SOAT se convirtió en un nido de corrupción y en un subsidio a las aseguradoras que no garantiza la atención real de las víctimas", ha sostenido el jefe de Estado en diversas intervenciones, defendiendo que un impuesto permitiría un control fiscal más riguroso.
La medida ha generado una tormenta de reacciones en los sectores económicos y de transporte. Gremios de motociclistas y propietarios de vehículos de carga han expresado su preocupación, temiendo que la conversión a impuesto elimine los descuentos por baja siniestralidad o que el costo se incremente bajo criterios puramente fiscales. Por su parte, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) advierte que desmantelar el modelo de aseguramiento podría generar un vacío en la atención inmediata de heridos, ya que el seguro actual garantiza una respuesta financiera rápida que un modelo de gasto público suele ralentizar.
De concretarse, este cambio requeriría una reforma de ley en el Congreso, donde el Gobierno ya enfrenta una dura batalla por la reforma a la salud. El debate técnico se centrará en cómo se tasará este nuevo impuesto y si se mantendrán las coberturas actuales de gastos médicos y servicios funerarios. Lo que es claro es que la administración Petro apuesta por un Estado gestor de riesgos, desplazando el papel de las aseguradoras privadas en una de las obligaciones financieras más extendidas entre los colombianos.
