El presidente del Senado, Lidio García Turbay, convocó formalmente a los senadores a sesión extraordinaria, en medio de un enfrentamiento institucional con el Gobierno Nacional por la reciente declaratoria de emergencia económica. Según García Turbay, la cita legislativa responde a la necesidad de examinar con rigor los decretos emitidos por el Ejecutivo en el marco del estado de excepción, así como de ejercer el control político que corresponde al Congreso.
García argumentó que el artículo 215 de la Constitución permite convocar sesiones extraordinarias para el control político, aun cuando el Ejecutivo no haya enviado aún el informe completo sobre la declaratoria y las medidas que se adoptarán. Para el presidente del Senado, las críticas del Gobierno a la convocación generan interrogantes sobre posibles intentos de limitar la función legislativa.
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el estudio del estado de emergencia no puede iniciar hasta tanto el Gobierno presente el informe detallado de la declaratoria y las medidas propuestas, como lo exige la Constitución y la ley. Benedetti también cuestionó la validez de una sesión virtual en este caso, argumentando que dicha modalidad está pensada para circunstancias excepcionales como pandemias o desastres naturales.
La emergencia económica fue declarada por el presidente Gustavo Petro tras el rechazo de su reforma tributaria en el Congreso, con el propósito de otorgarle al Ejecutivo facultades para expedir normas con fuerza de ley y atender un déficit fiscal considerado grave. La medida ha generado crítica de sectores políticos y económicos que cuestionan si existen hechos extraordinarios que justifiquen su adopción, mientras que el Gobierno insiste en su necesidad para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales.
El enfrentamiento llega en plena vacancia judicial de la Corte Constitucional, que según comunicados oficiales aplazó cualquier revisión del decreto hasta que se reanuden sus actividades ordinarias el próximo año, dejando el decreto vigente por el momento sin pronunciamiento judicial.
