La alerta temprana 017 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, advierte sobre un riesgo inminente para los derechos humanos en Tibú y zonas rurales del Catatumbo, debido a la intensificación de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas FARC (Frente 33). Estas confrontaciones han generado que familias enteras se vean obligadas a refugiarse en escuelas rurales o abandonar sus viviendas por la presencia de artefactos explosivos y fuego cruzado.
Según reportes institucionales, durante los recientes enfrentamientos cientos de personas han quedado confinadas en sus comunidades sin posibilidad de desplazarse con seguridad, y varias de ellas han resultado heridas sin poder recibir atención médica debido a los bloqueos armados sobre rutas de acceso.
Las autoridades municipales de Cúcuta han registrado un aumento significativo de desplazados que buscan refugio en la ciudad, lo cual ejerce presión sobre la capacidad de respuesta humanitaria local. En los últimos días, centenares de personas han llegado provenientes de zonas rurales de Tibú, presionando los servicios de acogida y asistencia social.
Este nuevo brote de violencia se suma a una crisis humanitaria prolongada en el Catatumbo, donde solo en 2025 más de 77.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado por la violencia armada, y miles permanecen en condición de confinamiento e inseguridad permanente.
La Defensoría hizo un llamado directo a los grupos armados ilegales para cesar las hostilidades de inmediato, permitir el ingreso de personal médico para atender a los heridos y facilitar la entrega urgente de ayuda humanitaria. También instó al Estado a activar mecanismos de protección colectiva, planes de desminado humanitario y asistencia integral para las comunidades afectadas.
Las tensiones en la región han sido exacerbadas por hechos recientes de violencia, como el uso de drones con explosivos que dejaron al menos una mujer gravemente herida en zona rural de Tibú, un episodio que ha generado alarma entre las comunidades locales por el riesgo cada vez mayor para la población civil.
