La imputación, inicialmente programada para el próximo 11 o 14 de febrero de 2026, contemplaba presuntos delitos como prevaricato por omisión, ante la supuesta falta de respuesta de la UNP a más de 20 solicitudes formales de refuerzo de seguridad realizadas por Uribe Turbay entre 2024 y 2025.
Según la Fiscalía, Rodríguez no habría atendido adecuadamente los llamados para fortalecer un esquema de protección que era clave dada la condición de riesgo del líder político.
Sin embargo, el ente acusador retiró la solicitud de imputación por un error procedimental: la fiscal que presentó la imputación no había tenido en cuenta que la investigación sobre el magnicidio estaba asignada a un Grupo de Tareas Especiales creado en junio de 2025, lo que generaba un problema de competencia que podía invalidar futuros actos procesales.
Por esta razón, el caso fue remitido formalmente a ese equipo especializado para centralizar las diligencias.
Aunque la imputación se suspendió, el proceso de investigación continúa abierto bajo la dirección del grupo especial, y no se descarta que en el futuro se retome la imputación con una estructura jurídica más sólida.
La Fiscalía insiste en consolidar una visión integral del caso, unificando las pesquisas sobre posibles fallas en la seguridad del precandidato y otros hechos relacionados con el atentado.
Este intento de imputación a una alta autoridad del Gobierno por presuntas fallas en la seguridad de un líder político representaba un avance judicial sin precedentes, aunque el trámite fue temporalmente frenado por decisiones internas del ente acusador.
